LUIS ARRÁEZ MARTÍNEZ – COOPERATIVA DE CALZADO EL FARO – PETREL – ALICANTE
Nació el 21/4/1895 en Almansa, provincia de Albacete
Industrial zapatero. Ingresó en las Juventudes Socialistas de Almansa (Albacete) en 1910, siendo secretario de las mismas en 1914. Posteriormente se trasladó a Elda (Alicante), ingresando en la AS en 1926. Colaborador de los semanarios socialistas El Obrero de Elche y Mundo Obrero de Alicante y de la revista local de Elda Idella. Miembro de la masonería, en la que ingresó en 1928 con el nombre simbólico de “Bebel”, formando parte de la logia “Amor nº 9”. Representó a la AS de Elda en el Congreso Extraordinario del PSOE en 1927; en el XII Congreso en 1928 y en el Congreso Extraordinario en 1931. Miembro de la Comisión Ejecutiva de la AS y de la Federación Obrera de Elda y de la Federación Regional Socialista de Levante desde el Congreso Extraordinario de enero de 1930 hasta su XI Congreso en octubre de 1931, en que decidió disolverse para constituir Federaciones Socialistas en cada provincia. Desde 1930 residió en Petrer (Alicante) para poner en práctica la Cooperativa Obrera de Calzado “El Faro”. Elegido concejal del ayuntamiento de Elda en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, permaneciendo en el cargo hasta octubre de 1934 en que fue destituido por el gobernador civil, siendo repuesto como concejal tras el triunfo del Frente Popular en febrero de 1936. En abril de 1936 fue elegido compromisario del PSOE por Alicante para la elección del nuevo Presidente de la República (Manuel Azaña).
Durante la guerra civil fue vocal del Comité Provincial de Incautación de Industrias, vocal suplente del Tribunal Popular y presidente de la Junta Provincial que sustituyó a la antigua Diputación Provincial desde el 5 de octubre al 10 de diciembre de 1936, puesto del que dimitió al ser nombrado Gobernador Civil de Málaga, tomando posesión el 16 de diciembre siguiente y permaneciendo en el cargo hasta la caída de dicha provincia en febrero de 1937. De regreso a Alicante fue nombrado, en junio de ese año, secretario general de la Federación Provincial Socialista y desde marzo de 1938 fue comisario del CRIM (Centro de Reclutamiento, Instrucción y Movilización) nº 10 y Batallón de Retaguardia nº 6 en Alicante. Al final de la guerra civil intentó salir por el puerto de Alicante, siendo detenido e internado en el campo de Los Almendros, del que se escapó regresando a Elda, donde estuvo escondido en casa de sus hermanas hasta diciembre de 1939 que se trasladó a Málaga y de allí a La Línea de la Concepción (Cádiz) con intención de pasar a Gibraltar, pero fue descubierto y detenido el día 22 de ese mismo mes. Trasladado a Alicante fue condenado a la pena de muerte en Consejo de Guerra celebrado el 16 de abril de 1940 y fusilado en el campamento militar de Rabassa en Alicante el 12 de julio del mismo año.
Información procedente de la
Fundación Pablo Iglesias
ARRÁEZ MARTÍNEZ, Luis
(Almansa, 1897-Alicante, 1940)
Madrugada del 12 de julio de 1940. Luis Arráez escribe
sus últimas palabras desde el Reformatorio de Adultos de Alicante momentos
antes de ser trasladado al campamento militar de Rabasa, donde será fusilado.
Van dirigidas a sus cinco hijos, esposa y demás familia, y en ellas les dice
que muere tranquilo con su conciencia y que pueden ostentar honradamente el
apellido que llevan. El ser de sus últimas palabras adquiere una importancia
significativa, pues era consciente de que, con las innumerables injurias de las
que había sido objeto durante todo el proceso de persecución, captura,
sumarísimo y condena a muerte, intentaban asesinar no sólo a la persona
jurídica, sino a la moral, en un clima caracterizado por el profundo odio y las
ansias de venganza que el Estado franquista supo canalizar a través de las
instituciones civiles y militares para acabar con quienes habían sido
declarados enemigos de la causa nacional.
Luis Arráez había nacido el 21 de abril de 1895 en
Almansa (Albacete). De formación autodidacta, emprendedor y con unas arraigadas
ideas socialistas, en su juventud se trasladó a Elda con el resto de su
familia, donde comenzó su prolija actividad política dentro de la Agrupación
Socialista local, a la que representó en los Congresos Extraordinarios de 1927,
1928 y 1931. Miembro de la Comisión Ejecutiva de la Federación Regional
Socialista de Levante desde su Congreso Extraordinario de 1930, fue elegido concejal
del ayuntamiento eldense en las elecciones del 12 de abril de 1931, cargo que
compaginó con el de Presidente de la Agrupación Socialista de la vecina
localidad de Petrer, en la que había fijado su residencia en 1930 para poner en
práctica la Cooperativa Obrera de Calzado “El Faro”, experiencia contestada y
boicoteada por los principales empresarios del ramo afincados en la localidad,
que vieron disputada su situación de privilegio, a la vez que robustecida la
posición obrera.
Hombre de confianza de Rodolfo Llopis y de la
Federación Provincial Socialista, en abril de 1936 fue elegido, con 144.071
sufragios, compromisario para la elección del Presidente de la República por la
circunscripción de Alicante, provincia en la que ocupó numerosos cargos de
responsabilidad durante la guerra civil, como el de Vocal del Comité Provincial
de Incautación de Industrias, Vocal suplente del Tribunal Popular y Presidente
de la Excma. Diputación Provincial entre el 5 de octubre y el 10 de diciembre
de 1936, cargo del que dimitió cuando fue nombrado Gobernador Civil de Málaga
por el Gobierno de Largo Caballero.
Tras la pérdida de la capital andaluza por las tropas
republicanas, fue nombrado Secretario General de la Federación Provincial
Socialista de Alicante entre junio de 1937 y marzo de 1938, en que fue
designado Comisario del CRIM n.º 10 y Batallón de Retaguardia n.º 6
de Alicante, donde permanecería hasta el final mismo de la guerra.
Comprometido en las tareas de evacuación, renunció a
marchar en el Stanbrook y tras el abandono del Maritime intentó,
junto a Miguel Villalta, obtener el asilo político del Consulado de la
República Argentina. Tras serle negado, con la protección de algunos amigos y
familiares pudo llegar a Elda a primeros de abril y posteriormente a Málaga,
donde Josefina Gálvez (viuda del aviador Carlos Haya), en agradecimiento al
trato recibido cuando como gobernador civil de Málaga la condujo hasta Valencia
para ser canjeada por Arthur Koestler, se había comprometido a llevarlo hasta
la ciudad de La Línea. Fue allí donde, provisto del salvoconducto del chófer
personal de la familia Gálvez para pasar a Gibraltar, fue descubierto y
detenido por agentes del cuerpo de policía de la Frontera Sur. Era el 19 de
diciembre de 1939.
Para entonces Luis Arráez estaba ya en busca y
captura, pues su proceso sumarísimo se había incoado a finales de agosto,
consecuencia de una denuncia puesta por uno de los principales empresarios del
ramo de la piel de Petrer. Desde el final de la guerra y, ahora sí, con todo a
favor, las autoridades de su última localidad de residencia no cesaron en su
empeño de acabar con Luis Arráez, y durante los meses que permaneció escondido
prepararon el conjunto de cargos de los que sería acusado. En ellos, la imagen
que se daba de Luis Arráez mezclaba la responsabilidad política con la
criminal, combinando la descripción de los cargos que ocupó con una malévola
interpretación de su actuación e invenciones que todavía hacían más abyecta su
figura, hasta el extremo de que la fiscalía de guerra lo calificó como
“peligrosísimo por su monstruosidad reflejada en su actuación durante todo el
periodo rojo”.
Un estudio de las declaraciones de los testigos de
cargo sugiere que fueron aprendidas y recitadas de memoria, pues las dieciséis
realizadas por vecinos de Petrer presentan un mismo campo semántico y
estructura gramatical, coincidiendo incluso en sus unidades y giros léxicos,
independientemente del estatus social, edad, sexo y formación cultural de los
testigos. Un ejemplo de ello es la referencia a su actuación como Gobernador
Civil de Málaga, lugar donde ninguno de los testigos había estado, lo que no
les impidió asegurar que “durante su actuación se sucedieron infinidad de
hechos delictivos, todos ellos amparados y patrocinados por él”. Sólo una
autoridad alicantina, el alcalde de Elda, confesaba desconocer en parte su
actuación en Málaga, lo que no le impidió, sin embargo, añadir: “mas consta que
indujo, como buen gobernante rojo, a la comisión de asesinatos y toda clase de
hechos delictivos”.
La mayoría de las acusaciones –imprecisas y sin ningún
tipo de prueba que las respaldara- estuvieron acompañadas, además, de
descalificaciones hacia su persona, a la que consideraban: “de condiciones muy
depravadas”, “de muy baja condición moral”, “de muy malos sentimientos”,
“siempre dispuesta a realizar el mal”, “de aviesa intención”, o “de refinada
maldad”. Además, se adaptaban a la relación que cada testigo de cargo o
informante tenía con los hechos violentos sufridos en la localidad durante la
guerra civil, como es el caso del cura párroco, quien en su informe para el
Tribunal de Responsabilidades Políticas, además de considerarlo “el principal
culpable de los muertos habidos en esta villa por Dios y por la Patria”,
aseguraba que “dirigió la quema de la Iglesia y demás objetos pertenecientes a
ella, siendo su domicilio depósito de los gases inflamables que emplearon”.
Ante la gravedad de las acusaciones, Luís Arráez no
tuvo ninguna posibilidad de preparar su defensa ya que, tal y como denunció al
Auditor de Guerra cuando solicitó la revisión de su expediente, había estado en
situación de rigurosa incomunicación desde su detención hasta el 16 de abril,
día en que se celebró el consejo de guerra, “privándome, por tanto, de los
medios indispensables para poder buscarme los medios de defensa”. De hecho,
cuando el mismo Juez Instructor de Responsabilidades Políticas se dirigió al
Reformatorio de Adultos para leerle el pliego de cargos y tomarle declaración,
no pudo hacerlo al no serle autorizado por el Director de la prisión, “dada la
situación de incomunicación en la que se haya el procesado”.
Tras la sentencia, pues, la revisión de la causa era
la única posibilidad que le quedaba para argumentar su defensa, por lo que, con
gran escasez de tiempo y medios, preparó un detallado pliego de descargos y
reunió distintos avales favorables, con lo que no sólo trataba de demostrar su
inocencia, sino desmontar cada una de las injurias de las que había sido objeto
su persona y “la falsedad de los sentimientos que se me atribuyen”, defendiendo
en todo momento su “honradez y rectitud de proceder”.
Aun con la premura de tiempo, pudo conseguir varios
testimonios favorables de vecinos de Málaga y de distintos municipios de la
provincia de Alicante que demostraban la falsedad de las acusaciones y
certificaban los beneficios y daños que había evitado durante el desempeño de
sus cargos, considerándolo como “persona de gran caballerosidad, honrada y de
buenos sentimientos, a pesar de sus ideas políticas, que exteriorizaba
condenando toda violencia”. Además, solicitaba la práctica de nuevas
diligencias, seguro de que “en todo momento se podrá comprobar la veracidad de
lo expuesto, para que la justicia pueda ser aplicada con la serenidad y
ecuanimidad que les anima”.
Sin embargo, nada de ello sería tenido en cuenta por
el Auditor, como tampoco lo había contemplado una sentencia que se limitó a
recoger la mayoría de las acusaciones formuladas por el Juez y la Fiscalía. No
fueron contempladas, en cambio, las partes de los informes de las autoridades
malagueñas que, pese a arremeter contra Arráez, no podían negar el hecho de que
“había creado patrullas para controlar el orden público y acabar con los
paseos, evitando asimismo la saca de presos”. La lógica del Auditor, que al
negarse a revisar la causa despreciaba absolutamente las pruebas presentadas y
los argumentos esgrimidos por Luis Arráez en su defensa, no era otra que la que
meses antes había adelantado el Juez Instructor, cuando elevó el sumarísimo al
Consejo de Guerra para su vista y fallo. En el mismo concluía:
“Manifiesta también en su indagatoria que por su
intervención evitó la detención de varias personas y la libertad de otras,
hecho este que no puede tomarse en consideración debido a la calidad depravada
y malos sentimientos del inculpado”.
No importaba la verdad, quién era y cuál había sido la
actuación de Luis Arráez en el desempeño de sus innumerables cargos de
responsabilidad, sino impartir “justicia”, la justicia de Franco, cuyo objetivo
fue descabezar la República, erradicar al enemigo político allí, en cada
localidad, confiando el control de las mismas a los nuevos pilares del régimen.
Y Luís Arráez sería para el nuevo régimen lo que éstos, –dueños de los
instrumentos de coacción y desmemoria- dijeran. Así, si el cura párroco lo presentaba
como “un malversador de fondos” que había dirigido la quema de la Iglesia, el
comandante del puesto de la Guardia civil lo describía como un “hombre muy
culto, astuto y de perverso instinto criminal”. El alcalde y jefe local
de FET y de las JONS, por su parte, concluía que tratándose de
“persona astuta y de fácil palabra, es muy peligroso para nuestra Santa causa”.
Son informes que muestran el profundo odio y rencor
del que fue víctima Luis Arráez y que, desde el abuso de poder institucional,
descargaron contra la indefensión de quién les había disputado y cuestionado la
preeminencia social y política en los años treinta. El camino del Nuevo
Estado se iba allanando. Con Luis Arráez, que había rechazado la
violencia en sus escritos desde los años veinte, abogando por la bondad como
principal y más eficaz postulado del Socialismo, desaparecía una de las cabezas
más visibles de la República en Elda y Petrer, y el principal referente de la
clase obrera.
Pedro Payá López (Universidad de Alicante)
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